La organización holandesa en defensa del consumidor Stichting Massaschade & Consument (SMC) ha presentado una demanda colectiva en los tribunales contra Epic Games. El organismo exige una compensación superior a los 100 millones de euros en concepto de devoluciones y daños morales para los jugadores que realizaron compras dentro del battle royale antes de cumplir los 21 años. La acusación sostiene que la tienda digital de Fortnite utiliza tácticas psicológicas agresivas —conocidas como patrones oscuros— para incitar a niños y adolescentes a gastar dinero real.
Patrones oscuros y compras bajo presión
El pilar de la demanda recae en cómo la monetización de los paVos (la moneda in-game de Fortnite) altera la percepción del gasto real en los usuarios más jóvenes. Según un estudio respaldado por SMC sobre más de 1.000 adolescentes de entre 16 y 19 años en Países Bajos, 6 de cada 10 compradores admitieron no sentir que estuvieran gastando dinero real, mientras que la mitad de los encuestados afirmó haberse arrepentido de transacciones impulsadas por el llamado FOMO (Fear of Missing Out o miedo a quedarse fuera) y las ofertas por tiempo limitado.
“A los consumidores jóvenes se les debe proteger precisamente de eso. La factura le corresponde a la empresa que hizo el juego, no a los jugadores ni a sus padres.” — Lucia Melcherts, presidenta de la fundación SMC.
Entre los elementos señalados en el escrito legal destacan:
- Temporizadores engañosos y cuentas atrás: Elementos gráficos que generan una falsa sensación de urgencia sobre la disponibilidad de los cosméticos.
- Llamados a la acción directos: El uso de expresiones como “consíguelo ahora” o “cómpralo ya”, las cuales condicionan la conducta de compra de un menor.
- Recopilación de datos sin consentimiento: Supuesta extracción de datos personales de menores sin el debido permiso parental.
- Mecánicas propensas al juego compulsivo: Diseños de interfaz que exponen a los usuarios más vulnerables a riesgos de adicción.
El precedente judicial en Países Bajos que acorrala a Epic
Esta acción legal no surge de la nada. La demanda colectiva se apoya firmemente en una resolución previa de la Autoridad de Consumidores y Mercados de Países Bajos (ACM), organismo regulatoria que en 2024 impuso una sanción de 1,125 millones de euros a la compañía por “prácticas comerciales desleales”.
Aquella multa se dividió en dos bloques sancionadores: 562.000 euros por emplear frases imperativas orientadas al público infantil y otros 562.000 euros por explotar contadores regresivos simulados. Tras la ratificación de dicha condena por parte del tribunal de Róterdam a principios de este año, la vía judicial ha quedado abierta para que SMC exija el reembolso directo a los afectados.
El historial global y la defensa de la compañía
No es el primer gran contratiempo financiero que afronta la compañía capitaneada por Tim Sweeney debido a su modelo de negocio. En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio (FTC) ya obligó a la editora a desembolsar 520 millones de dólares —245 millones destinados a reembolsos por interfaces engañosas y 275 millones por violaciones a la ley de privacidad infantil COPPA.
Ante el nuevo frente judicial abierto en Europa, representantes oficiales de Epic Games han salido al paso para defender sus políticas actuales en el ecosistema de Fortnite:
- Cuentas protegidas por defecto: Los usuarios menores de 16 años en Países Bajos disponen de configuraciones restringidas que requieren la autorización previa de un tutor legal para habilitar transacciones.
- Control parental avanzado: Sistemas que exigen un código PIN para las compras con dinero real y herramientas para fijar límites de tiempo de juego.
- Limitaciones de catálogo: Bloqueo de artículos temporales (con presencia inferior a 48 horas) para el público menor de 18 años en territorio neerlandés.
- Mecanismos de cancelación: Opciones para revocar transacciones de forma inmediata y mecanismos simplificados de reembolso.
A pesar de las explicaciones aportadas por la empresa, la fundación SMC mantiene abierta la recogida de adhesiones a través de su plataforma web para todos los jugadores residentes en Países Bajos que se hayan visto afectados, dejando el futuro del modelo comercial de los free-to-play en manos de la justicia europea.
